20-Jun-2026
Después de 50 días de bloqueos de carreteras, cuyos efectos económicos superan los 3.000 millones de dólares en pérdidas, Bolivia intenta cerrar uno de los episodios más traumáticos de los últimos años. La Paz y El Alto padecieron escasez de alimentos, interrupciones del transporte, dificultades para trabajar, daños a la infraestructura pública, destrucción de bienes estatales y serias restricciones a la atención médica. El saldo humano fue igualmente doloroso: decenas de fallecidos y miles de ciudadanos afectados por una crisis que paralizó gran parte del país.
Las consecuencias de esta situación no desaparecerán de la noche a la mañana. Economistas y analistas advierten que los daños sobre la producción, el comercio y el empleo tardarán años en ser superados.
En este contexto, el Gobierno y la COB han firmado un denominado “Acuerdo de Pacificación”. Sin embargo, varias de sus cláusulas plantean interrogantes que merecen un debate profundo.
La Constitución reconoce el derecho a la protesta y a la organización social. Pero también protege otros derechos fundamentales, entre ellos la libre circulación, el acceso a la salud, el trabajo y la seguridad de los ciudadanos. Cuando una medida de presión impide durante semanas el tránsito de personas, mercancías y servicios esenciales, surge inevitablemente la discusión sobre los límites entre el ejercicio legítimo de la protesta y la vulneración de derechos de terceros.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo es el compromiso de no promover persecución política, judicial ni mediática contra dirigentes y participantes de las movilizaciones, así como la creación de mecanismos de revisión de procesos penales vinculados al conflicto. Para sus defensores, estas medidas son necesarias para garantizar la pacificación. Para sus críticos, pueden convertirse en una forma de impunidad frente a hechos que ocasionaron graves perjuicios económicos y sociales.
La contradicción política es evidente. Durante semanas, el Gobierno sostuvo que los bloqueos eran ilegales y que no negociaría bajo presión. Sin embargo, hoy firma un acuerdo con una de las organizaciones que participó activamente en las movilizaciones. La pregunta es inevitable: si los bloqueos eran ilegítimos, ¿por qué quienes los promovieron terminan sentados en la mesa de negociación obteniendo ganancias y garantías especiales?
Otro punto preocupante es el compromiso de no impulsar normas que puedan interpretarse como una criminalización de la protesta. Si esta cláusula termina evitando cualquier intento de castigar el bloqueo de carreteras, Bolivia corre el riesgo de mantener intacto uno de los mecanismos de presión más dañinos para su economía y para los derechos de millones de ciudadanos.
La verdadera discusión de fondo no es únicamente quién ganó o perdió en esta negociación. Lo que está en juego es el modelo de convivencia democrática que el país quiere construir. Una democracia necesita garantizar el derecho a la protesta, pero también proteger el derecho de los ciudadanos a trabajar, circular, producir y acceder a servicios esenciales.
La pregunta que queda abierta es simple pero fundamental: ¿el acuerdo firmado contribuirá a evitar futuras crisis o terminará consolidando la idea de que el bloqueo del país es un instrumento legítimo de negociación política sin consecuencias para sus responsables?
Carlos Millares
Sociólogo y periodista
