8-Oct-2026
En una entrevista reciente con el periodista Fernando del Rincón de CNN, el flamante Fiscal General, José Armando Urioste, reveló que fue un empresario quien propuso a algún asambleísta legislativo su nombre para postularlo al cargo que ahora ejerce.
La sinceridad del Fiscal encendió las alarmas de los políticos, especialmente los vinculados al ala socialista de la oposición. Se rasgaron las vestiduras aduciendo que se abría una nueva etapa de lazos malolientes con empresarios y políticos vinculados con la derecha, y que los acusados de delitos relacionados presuntamente con gente del gobierno, quedarían en la impunidad. Exigen que Urioste revele el nombre del empresario que lo sugirió con el único fin de defenestrarlo, armarle vínculos y redes de amigos y conocidos, y vincularlo de cualquier manera seguramente con Rodrigo Paz y su entorno.
Lo que no quieren recordar estos ilustres políticos, es que en la época del masismo los que ni siquiera proponían, más bien imponían nombres eran las Bartolinas, la Conalcam, la COB, Conamaq y un sinfín de “organizaciones sociales” que encajaban a los cargos a sus allegados, sin siquiera cumplir con el perfil profesional para ejercer dicha responsabilidad. Solo importaba que fuera parte del Proceso de Cambio y que respondiera a las peticiones, exigencias y beneficios del grupo. Ahí nadie decía nada, nadie cuestionaba ese procedimiento.
Lo que sucedió en la Asamblea Legislativa esa madrugada es que hubo 2 candidatos propuestos, y hasta donde se sabe, los opositores de derecha no quisieron votar por candidatos que supuestamente estaban vinculados con el gobierno nacional, lo que provoco un empantanamiento en la votacion. Fue cuando surgió la tercera opción, José Armando Urioste, hasta ese momento, un desconocido en el hemiciclo parlamentario.
Entonces diputados y senadores analizaron su meritocracia y su ninguna relación política y finalmente definieron su voto de acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado, punto. Urioste ganó abrumadoramente la votación, y nadie les pagó, nadie les amenazó ni presionó, lo definieron democráticamente y eso es lo que vale, todo lo demás esta demás.
¿Quién lo propuso? Ya no interesa. Lo que se espera de aquí para adelante, son resultados. El nuevo Fiscal deberá demostrar en 3 meses su templanza, su determinación y su ímpetu para limpiar la podredumbre del poder judicial. Sabemos que 90 días son insuficientes para ese propósito, que la lacra esta demasiado incrustada desde hace muchos años, pero al menos se podrá desmontar algunos pilares fundamentales de la corrupción que perviven dentro de la Justicia boliviana, siempre y cuando, la autoridad elegida haga bien su trabajo.
Carlos Millares
