19 de septiembre de 2026
Finalmente el gobierno de Rodrigo Paz dio el paso más difícil de su gestión hasta hoy. En realidad ya había empezado en diciembre del año pasado: el Decreto Supremo 5503, del 17 de diciembre, elevó el precio de la gasolina y del diésel, que por irresponsabilidad de gobiernos anteriores se mantuvo estancado por más de 20 años, lo que generó una sangría abrumadora en las arcas del Estado boliviano.
Anoche, el presidente anunció la decisión de nivelar el costo del diésel a precios internacionales, poniendo fin a una subvención de tantos años. Desde hoy, el Decreto Supremo 5716 fija el precio en 17,95 Bs por litro, IVA incluido, y establece que podrá subir o bajar de acuerdo con el precio internacional, mediante una fórmula de paridad de importación y una banda de tolerancia del 5%, tal como sucede en EEUU y otros países del mundo.
En enero de 2005, durante la gestión del presidente Carlos Mesa, mediante el D.S. 27992, se congeló el precio de los carburantes en Bolivia, dando inicio a un largo periodo de subsidios que se prolongó durante el gobierno del MAS.
No se hizo lo que cualquier gobierno responsable debía hacer en su momento, nivelar el precio de los carburantes a niveles internacionales, lo que provocó dos problemas que nunca se pudieron solucionar: 1) el desangramiento cada año más intolerable de los recursos del Estado, para compensar el costo de importación de combustibles, y 2) el contrabando de los mismos a los países vecinos, debido a la enorme diferencia de precios comparativos.
El primer problema, la subvención de carburantes, según el presidente Paz, le costaba al país cerca de 55 millones de dólares por semana, principalmente por el diésel; es decir, más de 2.600 millones de dólares al año. Hasta ahora, el diésel se vendía a 9,80 Bs el litro al transporte y a otros consumidores, y hasta 16,50 Bs a los grandes consumidores, por debajo de lo que, según el gobierno, costaba comprarlo afuera. Esa diferencia la pagaba el Estado boliviano con dineros de todos, un desangramiento (suicidio diría más bien) que ya no era sostenible.
El segundo problema, el contrabando, tiene relación directa con la subvención. La Agencia Nacional de Hidrocarburos estimó, en noviembre de 2025, que cerca del 30% del combustible subvencionado se desviaba hacia países vecinos. ¡Inaudito! Casi un tercio de los carburantes que el Estado compraba a precios subvencionados no beneficiaba a los bolivianos, sino que alimentaba el contrabando, generando millonarias ganancias a quienes cometían este delito, mientras en Bolivia escaseaba el combustible y se formaban largas filas en los surtidores del territorio nacional.
Desde donde se lo mire, la medida era inevitable para la supervivencia del Estado boliviano; tarde o temprano se tenía que adoptar la política correcta. En buena parte del mundo la población paga impuestos, bienes y servicios sin la subvención del Estado, a cambio, eso sí, de la inversión estatal en infraestructura caminera, educativa, de salud, seguridad, etc.
Si el gobierno va a ahorrar, como él mismo dice, una parte importante de los más de 2.600 millones de dólares anuales que costaba la subvención de carburantes, ese no es un presupuesto pequeño. Es una enorme cantidad de recursos que se deberá invertir en lo que mencionábamos en el párrafo anterior.
En caso contrario, el pueblo boliviano no se quedará mirando desde el palco que las cosas sigan igual y que el desarrollo económico y social prometido sea solo parte de un relato discursivo del que la gente ya está hastiada.
Asimismo, el gobierno ya anunció medidas para mitigar el impacto: un Bono PEPE II de 874 millones de bolivianos, créditos preferenciales de hasta 800 millones de bolivianos, con una tasa cercana al 6%, para transportistas de carga pesada, gremiales y productores. Habrá que ver si alcanzan, sobre todo para el transporte de carga, que, según cálculos de Bolpress, enfrenta un aumento cercano al 83% en el precio del diésel y cuyo efecto llegará primero a los alimentos. Estas medidas deberán aplicarse de manera inmediata y llegar, principalmente, a los sectores sociales más vulnerables del país.
Carlos Millares
