8-May-2026. Si no se dieron cuenta, sospechosamente en las ultimas semanas han aparecido miles de cuentas nuevas en las redes sociales, con los mas variados nombres incluso clonando falsamente a algunos medios de comunicación.
Y han aparecido otros miles de bots que van “participando” en esas cuentas cual si fueran humanos, con una sola estrategia: destruir al gobierno de Rodrigo Paz.
Los mensajes son todos extremistas. No paran de insultar al actual mandatario con todo tipo de adjetivaciones, pero todos o la mayoría de ellos, coincidentes en una sola consigna, exigir la renuncia del presidente de Bolivia.
Si hacemos cálculos a priori, nos daremos cuenta que ensamblar semejante red de cuentas de Facebook, Tik Tok e Instagram representa una descomunal cantidad de dinero que alguien esta financiando desde la oscuridad del anonimato. Tiene que ser alguien o alguna poderosa representación corporativa legal o ilegal que este involucrada en esta millonaria campaña de desprestigio, ni siquiera eso, campaña de derrocamiento del gobierno constitucional en actual vigencia.
Esta campaña virulenta desatada en las redes sociales deja de ser la expresión legitima de la libertad de expresión, cuando ya se habla de tumbar a Rodrigo Paz, cuando se promueve el odio y llaman al derrocamiento de la autoridad, cuando se incita a tomar acciones de violencia y confrontación hasta lograr la renuncia del mandatario. Estas ya son acciones delictivas penadas por ley, por incitar al derrocamiento de una autoridad legal y legítimamente establecida por voto popular.
Y en esas circunstancias ya estamos en otro escenario, un escenario antidemocrático y beligerante extremo que ningún gobierno debe permitir. Rodrigo Paz debe mostrar firmeza y solidez política frente a este intento de golpe de estado, de lo contrario, una vez más esas nocivas “minorías eficientes” pueden ganar la batalla en contra del sistema democrático nacional y del pueblo boliviano que ya decidió en las urnas quienes son sus autoridades, y que solo quiere trabajar en paz, con seguridad jurídica y con estabilidad política y social.
