21-Jul-2026. La dimensión del reclutamiento de bolivianos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania creció. Las investigaciones pasaron de los primeros reportes familiares a un universo preliminar de hasta 31 posibles víctimas y ya abarcan Santa Cruz, Tarija y Beni.
El fiscal general Róger Mariaca informó ayer que ya existen cuatro investigaciones por trata de personas con fines de reclutamiento para participar en conflictos bélicos, delito previsto en el artículo 281 bis del Código Penal.
“El 20 de mayo se hace una primera denuncia en el departamento de Santa Cruz. Un segundo caso se abre el 14 de julio, también en Santa Cruz. El tercero se conoce el 17 de julio, en Tarija, y como cuarto hecho tenemos el 18 de julio en Riberalta, Beni”, detalló.
La nueva dimensión surge de reportes oficiales. La Fiscalía había informado que tres causas investigadas en Santa Cruz comprendían a 16 presuntas víctimas. Una en el primer proceso, seis en el segundo y nueve relacionadas con Rincón de Palometas, en la provincia Sara. En esa comunidad, EL DEBER recogió testimonios que señalan que nueve personas viajaron rumbo a Rusia. Un familiar contó que perdió comunicación con su sobrino el 10 de mayo, después de que este le asegurara que se encontraba en entrenamiento y estudiaba ruso.
A esas 16 personas se suman otras 14 que pudieron haber sido captadas en Riberalta y la últma en Tarija. Mariaca aclaró que este número todavía no tiene certeza material y deberá comprobarse mediante declaraciones, documentos, certificados médicos y antecedentes migratorios. La cifra puede ser mayor, según los indicios que comenzaron a ser recolectados por las autoridades.
El viceministro de Gestión Consular, Héctor Huanca, calculó, con base en testimonios familiares, que aproximadamente 16 bolivianos podían encontrarse en lugares vinculados con el frente ruso, aunque advirtió que esa no era una cifra oficial.
La Cancillería señaló que algunos compatriotas fueron contactados mediante ofertas de trabajo y promesas económicas ajenas a canales oficiales. También informó que algunos firmaron contratos que no comprendían y quedaron incorporados a actividades militares. “No es lo mismo recibir una oferta de trabajo que ir a una situación de guerra”, advirtió Huanca la pasada semana.
Los testimonios reunidos por EL DEBER muestran un mecanismo dirigido a personas con dificultades económicas. Un familiar de José María Soleto, uno de los dos bolivianos dados por muertos, relató que un reclutador continúa escribiéndole y le pidió grabar un video declarando que desea viajar voluntariamente, que conoce los riesgos y que nadie lo obliga. Después de recibir el video, el intermediario se ofreció a enviarle un taxi para tramitar el pasaporte. Según el testigo, los reclutadores prometen cubrir pasajes y estadía, pero dejan cualquier pago para después de la llegada a Rusia y de la firma de un contrato.
Pero, los familiares, al no contar con los cuerpos ni con una confirmación oficial definitiva, pidieron la intervención del Estado y una investigación contra los responsables del reclutamiento.
